Han pasado nueve meses desde que el Estado venezolano decidió ocultar la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante de 53 años que vendía pantalones en el mercado de La Hoyada. Nueve meses en los que su madre, Carmen Navas, de 81 años, recorrió seis veces la prisión de El Rodeo I, mendigando información que el gobierno se negó sistemáticamente a darle. Nueve meses de silencio cómplice, de burocracia asesina, de un Estado que no solo detiene arbitrariamente, sino que desaparece la verdad.
El jueves, la administración de la presidente encargada, Delcy Rodríguez, emitió un comunicado tan frío como cínico: Víctor Hugo falleció el 24 de julio de 2025 por «insuficiencia respiratoria derivada de una hemorragia digestiva superior». Un dictamen médico que, de ser cierto, solo confirma lo que ya se sabía: dentro de las mazmorras del régimen, la vida de un preso político vale menos que el papel higiénico.
Pero lo grotesco del documento oficial no es el diagnóstico, sino la excusa para ocultar el deceso durante casi un año. Según el gobierno, «el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal». Miente, y sabe que miente. Carmen Navas no solo se presentó: peregrinó, suplicó, lloró en cada ventanilla. Que el Estado venezolano tenga la desfachatez de culpar a una madre anciana por no haber «solicitado visita formal» es el colmo de la perversión burocrática.
Víctor Hugo fue detenido el 1 de enero de 2025, mientras llevaba hallacas y bombones para celebrar el Año Nuevo con su madre. Su delito: según la versión oficial, «terrorismo» y «conspiración» con la CIA. Un vendedor de jeans acusado de ser agente extranjero. El absurdo no es casualidad: el régimen ha convertido el delito de terrorismo en una etiqueta genérica para justificar cualquier captura, cualquier tortura, cualquier muerte.
Su fallecimiento eleva a 27 el número de presos políticos que han muerto bajo custodia del Estado venezolano en los últimos años. Una cifra que no cesa de crecer, alimentada por la hambruna, la falta de atención médica y las condiciones infrahumanas de las cárceles políticas. El gobierno llama a esto «causas naturales». Quienes tenemos memoria lo llamamos ejecución extrajudicial encubierta.
Ahora Carmen Navas debe someterse a una prueba de ADN para saber si los restos que le mostraron en el cementerio de La Puerta corresponden realmente a su hijo. Ella, que solo pedía dejar de buscarlo para poder llorarlo. Ese es el verdadero estado de derecho en Venezuela: una madre de 81 años identificando huesos mientras el poder oficial escribe comunicados que la acusan de no haber tramitado la visita correcta.
Víctor Hugo Quero Navas no era un enemigo del Estado. Era un comerciante, un hijo, un venezolano que tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado el día equivocado. Su muerte no es un accidente. Es la consecuencia lógica de un sistema que ha hecho de la prisión un artefacto de exterminio.
Que su nombre no quede sepultado junto a los expedientes que el régimen trata de ocultar. Que su madre encuentre por fin la verdad. Y que algún día, cuando este país se sacuda el yugo, la justicia alcance a quienes convierten el Estado en un verdugo.
