Venezuela es un país extraordinariamente contradictorio. Tiene una de las plataformas electorales automatizadas más seguras, robustas y trazables del mundo, pero esa maravilla técnica opera dentro de un sistema donde nadie confía. La paradoja no es menor: nos gastamos millones en máquinas de votación de última generación, pero a la hora de la verdad, el árbitro electoral se comporta como un operador político más. El resultado es una desconfianza que ya no es una percepción subjetiva: es una conclusión empírica.
No hacen falta tanques en la calle ni juntas militares para matar una democracia. Basta con cooptar al órgano que cuenta los votos. Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela durante los últimos veinte años, y que se ha agudizado de manera brutal desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 hasta los comicios parlamentarios y regionales del 25 de mayo de 2025. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha consolidado lo que algunos expertos llaman ya «autoritarismo cerrado»: un sistema donde las elecciones existen, pero no sirven para alternar el poder.
Lo más grave no es que Nicolás Maduro haya sido proclamado ganador sin que se publicaran los resultados desagregados por mesa. Lo más grave es que esa maniobra se ha convertido en patrón. El CNE violó su propia ley orgánica, se negó a hacer auditorías independientes, ignoró las actas que la oposición resguardó (más del 80 % de ellas, que demostraban una victoria clara de Edmundo González Urrutia) y trató a la comunidad internacional como si fuera una molestia. El Panel de Expertos Electorales de la ONU fue lapidario: “El proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad”. Y lo dijo en voz baja, pero claro.
Las elecciones de mayo de 2025 confirmaron la tendencia. La Red Electoral Ciudadana documentó centros vacíos, opacidad total, manipulación de la participación y asignación de curules a dedo. Su conclusión fue tan contundente como desoladora: ya no hay competitividad, ni garantías, ni transparencia. El régimen usa los comicios como un mecanismo de control, no como un instrumento de soberanía popular.
Ahora bien, ¿qué le pasa al ciudadano de a pie cuando el voto se vuelve un gesto inútil? Pues dos cosas: primero, deja de creer. Segundo, se abstiene. Y no por flojera, sino por decisión política racional. Como ha dicho la profesora Marcela Ávila-Eggleton, “el venezolano volverá con entusiasmo a votar cuando el proceso sea libre, justo, soberano y verificable”. Mientras tanto, la abstención se convierte en el voto de quien se niega a bendecir el fraude con su presencia.
Pero el problema es más hondo. La desconfianza en el CNE no solo vacía el acto electoral: desarma la cultura política democrática. El elector deja de preguntarse “por quién voto” y empieza a preguntarse “para qué voto”. Y cuando esa pregunta se generaliza, se rompe el contrato social. El poder ciudadano —ese que la Constitución de 1999 imaginó como contralor activo mediante referendos, revocatorias y veedurías— ha sido neutralizado. El CNE no solo decide quién gana, sino qué controles admite. Las auditorías independientes son rechazadas, los observadores internacionales son limitados o expulsados, y cualquier intento de verificación ciudadana es reprimido.
Escribo esto con 43 años. Pertenezco a una generación que cumplió 18 años en el 2000, justo cuando el chavismo llegaba al poder. Nos formamos creyendo en la democracia, en la separación de poderes, en la transparencia electoral. Ahora hemos visto cómo esas palabras se convirtieron en coartadas retóricas. ¿Cómo seguir haciendo periodismo cuando las fuentes oficiales mienten sistemáticamente y las independientes son acalladas? ¿Cómo hacer análisis político cuando el sistema político es un simulacro?
Recuerdo una novela de Umberto Eco, Número cero, que disecciona la mecánica de un periódico que publica noticias falsas no para convencer, sino para confundir. El CNE se parece cada vez más a ese periódico fantasma: proclama resultados sin mostrar actas, anuncia auditorías que nunca se realizan, publica cifras de participación que contradicen cualquier observación independiente. El objetivo no es que los ciudadanos crean en el fraude —la mayoría sabe que es fraude—, sino instalar una niebla informativa tan densa que sea imposible distinguir lo verificable de lo simulado. Como dice un personaje de Eco, “la mentira repetida mil veces se convierte en verdad, pero antes se convierte en ruido, y el ruido es más eficaz porque anula la voluntad de verificar”.
Venezuela ya no es una democracia, ni siquiera deficitaria. Es un autoritarismo electoral. Los teóricos como Levitsky y Ziblatt nos enseñaron que las democracias mueren por dentro, con gobernantes elegidos que desmantelan contrapesos. Linz ya advertía que la erosión de la legitimidad institucional es la antesala de la crisis. Y Dahl insistía en que no basta con elecciones: hacen falta libertades de expresión, asociación y acceso a fuentes alternativas. Todo eso ha sido restringido.
Pero no todo está perdido. La desconfianza también puede ser el primer paso hacia la reconstrucción. Cuando los ciudadanos dejan de creer en las instituciones fraudulentas, se abren las puertas para imaginar otras nuevas. La reconstrucción democrática de Venezuela, si alguna vez llega, tendrá que empezar por restaurar la confianza en el sistema electoral. Eso implica no solo cambiar rectores, sino rediseñar todo el sistema de garantías: auditorías independientes, publicación de actas, observación internacional efectiva, participación de todos los partidos. Y sobre todo, reconstruir el vínculo entre el proceso electoral, la cultura política del elector y el poder ciudadano.
Sin ese triángulo, cualquier reforma será nuevamente cooptable. Mientras tanto, la desconfianza en el CNE no es un síntoma de la crisis: es la crisis misma.
