Por Rafael Veloz García/@Rafaelvelozg.*
Venezuela está a las puertas de un proceso extraordinario: una transición que no solo busca restablecer la legitimidad democrática, sino reconstruir los cimientos materiales que permitan que un país funcione. Entre esos cimientos, pocos son tan visibles, tan indispensables y tan determinantes como el transporte. Moverse no es un lujo; es la condición mínima para vivir, trabajar, estudiar, producir y mantener unida a la nación. Sin movilidad no hay economía posible, ni cohesión social, ni seguridad, ni esperanza.
Por eso, el Programa de Organización Ciudadana, POC y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI), en el marco del ”Programa Venezuela Tierra de Gracia”, presenta al Comando Venezuela, por medio del diputado de la Asamblea Nacional 2015, Omar González Moreno, un conjunto de orientaciones urgentes y estratégicas para actuar sobre este sector desde las primeras 100 horas y 100 días del nuevo Gobierno. Se trata de un plan que combina realismo con visión de futuro y que asume el enorme reto de comenzar a revertir décadas de abandono.
Un país detenido: la crisis del transporte
Durante años, los venezolanos han sido testigos de una lenta y luego vertiginosa paralización de su capacidad de movilizarse. No se trata solo de carreteras en mal estado o de metros que dejaron de funcionar con eficiencia: estamos ante un colapso sistémico de toda la infraestructura de transporte del país.
Las grandes arterias viales, otrora orgullo continental, lucen hoy agrietadas, sin demarcación, sin iluminación y con fallas estructurales que han costado vidas y territorios enteros desconectados. Muchas rutas troncales se han vuelto peligrosas no solo por su deterioro físico, sino por la ausencia de presencia institucional, interrumpidas por alcabalas arbitrarias, zonas de delincuencia y tramos donde ya no circula transporte público.
Los sistemas ferroviarios y metroviarios están prácticamente desmantelados. El Metro de Caracas, que alguna vez fue referencia en América Latina, opera de forma intermitente, con trenes deteriorados, estaciones cerradas, escaleras sin funcionar, falta de ventilación y sin las mínimas condiciones técnicas para garantizar la seguridad de millones de ciudadanos. Los proyectos ferroviarios prometidos desde hace décadas quedaron reducidos a estructuras fantasmas entre la maleza, monumentos al despilfarro y la corrupción.
El transporte urbano, por su parte, se convirtió en una metáfora viva de la precariedad nacional: unidades improvisadas, camiones rurales usados como “perreras”, rutas que desaparecen según la disponibilidad de gasolina o repuestos, tarifas informales y ciudadanos que gastan horas cada día intentando llegar a un destino que debería estar a solo minutos.
A todo esto se suma el abandono del sistema marítimo y portuario, donde empresas públicas otrora estratégicas, como Venavega, Dianca o Astinave, están prácticamente inoperativas; los puertos carecen de tecnología moderna y los mecanismos de control son obsoletos. En el sector aéreo, numerosos aeropuertos están semivacíos, con equipos deteriorados, sin certificaciones internacionales y con un sistema de navegación aérea que compromete la seguridad operacional.
Esta no es una crisis reciente, ni accidental. Es el resultado acumulado de una política estatal que sustituyó la planificación por la improvisación, la inversión por el abandono y la profesionalización por la ideologización. La movilidad del país ha sido víctima directa de la desinstitucionalización que define al régimen saliente.
Por qué el transporte es la puerta de entrada a la reconstrucción
La movilidad no es un problema técnico: es un factor estructural del desarrollo, la estabilidad y la convivencia. Cuando un país no se puede mover, deja de producir, deja de competir y deja de vivir.
El colapso del transporte ha sido uno de los factores que más ha contribuido a la caída de la productividad nacional. Las empresas pagan costos logísticos astronómicos; los productores agrícolas pierden cosechas enteras porque no pueden sacarlas de sus regiones; las familias se ven obligadas a mudarse para buscar servicios o trabajo; la inseguridad se multiplica en zonas donde el Estado perdió presencia territorial; los estudiantes abandonan clases porque no pueden llegar a los centros educativos; los hospitales ven disminuir su capacidad porque muchos pacientes simplemente no tienen cómo movilizarse.
La movilidad es un derecho social y económico. Es la condición mínima para que funcione cualquier otra política pública: salud, educación, empleo, seguridad ciudadana, comercio, turismo, desarrollo industrial.
Por eso, desde el primer día de la transición, el Estado debe transmitir una señal inequívoca: Venezuela volverá a moverse. No será de inmediato, porque recuperar lo destruido tomará años, pero las bases de esa reconstrucción sí pueden y deben colocarse en las primeras horas.
Una estrategia para la acción inmediata
La dimensión del deterioro obliga a que las primeras soluciones sean simultáneamente realistas y transformadoras. El Estado no puede —y no debe— intentar reconstruir todo con recursos propios. El país necesitará alianzas, talento técnico, participación ciudadana, supervisión independiente y, sobre todo, un cambio completo en el modelo de gestión.
La propuesta central es la creación del Instituto del Transporte y Movilidad (ITM), un ente rector moderno, técnico, profesional, que coordine la política nacional del sector y tenga capacidad para atraer e instrumentar Alianzas Público-Privadas (APP). Esta institución debe nacer desde las primeras 100 horas, con un mandato claro: ordenar, evaluar y planificar, desligándose de la improvisación que marcó al pasado inmediato.
La ITM, junto con gobernaciones y alcaldías, el Colegio de Ingenieros, organismos internacionales, universidades y organizaciones civiles, debe iniciar un proceso emergente de auditoría: un inventario nacional de carreteras, puentes, troncales, líneas férreas, sistemas de metro, puertos y aeropuertos. Saber qué está destruido, qué puede recuperarse y qué representa riesgo inminente es el punto de partida de cualquier política responsable. En el POC y FAPI estamos dispuestos a concluir este inventario que ya hemos comenzado.
100 horas para estabilizar, 100 días para comenzar a recuperar
Durante las primeras 100 horas, el objetivo no es reconstruir, sino estabilizar y proteger la vida:
- Atender puntos críticos en autopistas y troncales donde hay riesgo inmediato para los usuarios.
- Restituir señalización provisional en zonas peligrosas.
- Reducir alcabalas arbitrarias que obstaculizan el tránsito y fomentan la extorsión.
- Activar cuadrillas de emergencia para despeje de derrumbes y obstrucciones.
- Iniciar inspecciones rápidas en estaciones del Metro de Caracas y otros sistemas metroviarios.
- Reforzar la seguridad en aeropuertos y puertos para recuperar su operatividad mínima.
En estas primeras horas, los ciudadanos deben percibir que el Estado ha retomado el control del territorio y que existe una hoja de ruta en marcha.
En los primeros 100 días, la transición debe comenzar a activar transformaciones sostenibles: - Lanzar las primeras licitaciones en modalidad APP para obras viales paralizadas.
- Definir corredores logísticos prioritarios (por ejemplo: Caracas–Valencia–Barquisimeto; Puerto Cabello–Guayana; Oriente–Centro).
- Elaborar un nuevo modelo de transporte urbano que supere la improvisación actual y establezca rutas, estándares y mecanismos de pago digital.
- Recuperar parcialmente la operatividad de sistemas metroviarios con apoyo de técnicos nacionales e internacionales.
- Diseñar y poner en marcha el Plan Maestro de Transporte Marítimo, esencial para reconstruir la conexión comercial y portuaria con el mundo.
- Permitir la participación de operadores privados en aeropuertos y facilitar la modernización del parque aéreo nacional.
- Establecer los acuerdos necesarios para que el transporte superficial tenga las condiciones mínimas para repotenciar las unidades de transporte, pues las organizaciones de transporte han presentado distintas opciones que el régimen nunca ha atendido.
Estas acciones constituyen el puente entre la emergencia y el futuro. Aunque en 100 días no se verá todavía la infraestructura moderna que Venezuela merece, sí será evidente un nuevo modelo institucional, una nueva forma de gestionar, un nuevo rumbo.
Una visión de país que vuelve a conectarse consigo mismo
La reconstrucción del transporte no es solo un proyecto técnico: es una promesa de integración nacional. Venezuela es un país geográficamente rico y diverso, pero sus regiones están desconectadas; su potencial productivo se encuentra detenido en los campos, en los puertos vacíos, en aeropuertos sin tráfico, en estaciones de metro deterioradas, en calles donde el transporte urbano es una lucha diaria.
Reactivar la movilidad es reactivar la vida.
Es permitir que un productor agrícola pueda sacar su mercancía sin perderla en el camino.
Es permitir que un estudiante pueda llegar a su aula.
Es permitir que un paciente pueda llegar al hospital.
Es permitir que una familia pueda trasladarse sin temor.
Es permitir que el país vuelva a sentirse unido.
Por eso, las primeras 100 horas y 100 días del nuevo Gobierno deben consolidar la idea de que Venezuela ya comenzó su recuperación, no con promesas vacías, sino con pasos concretos, visibles y verificables.
La movilidad será uno de los primeros signos de que la República renace.
Venezuela volverá a moverse. Y cuando un país vuelve a moverse, vuelve a avanzar.
Rafael Veloz García. Expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FÍA); Abogado Constitucionalista; Diputado de la Asamblea Nacional 2015*
