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Olivia Lozano, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración del legítimo Parlamento, afirmó este martes que la migración forzada de connacionales es el rasgo más visible “y doloroso” del quiebre institucional que la dictadura de Nicolás Maduro “laboriosamente” ha ejecutado.

Sostuvo que el desmantelamiento institucional y desmontaje del Estado, que fue sustituido por una estructura criminal, ha sumido en la miseria a más del 90 % de los venezolanos.

“Estamos frente a un paraestado criminal responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales, persecuciones políticas y casi 300 presos de conciencia. Estos son algunos de los disparadores del grave flujo migratorio venezolano inédito en nuestro continente”.

Planteó que, ante la actual dinámica política latinoamericana y los cambios que se llevan a cabo en el continente, es menester hacer replanteamientos en las relaciones de las acciones internacionales a favor de los migrantes venezolanos.

“El abordaje hemisférico de la gravísima crisis política y humanitaria que nos aqueja, no puede estar sujeto a las coincidencias y analogías políticas. Urge que las acciones, atención y protección a nuestra migración, trascienda los entornos políticos locales y se logre un mayor grado de universalidad en la atención a nuestra diáspora de manera de garantizarles identidad, movilidad, servicios médicos, asistencia humanitaria, respeto a derechos humanos y políticos”, detalló la parlamentaria por Voluntad Popular durante la sesión de la Comisión Delegada.

Lozano explicó que la migración es consecuencia de desequilibrios políticos y sociales que viven los países de origen. Destacó que, en paralelo a la ayuda y soporte necesario que requiere la diáspora venezolana, resulta determinante consolidar las alianzas democráticas “que permitan, independientemente de los designios políticos, preservar la cultura democrática, promover los valores de libertad y derechos políticos, así como impulsar y desarrollar una economía sustentable, rescatar la equidad e igualdad ante la ley, entre otros tantos aspectos”.

“Hoy tenemos más claro que nunca que deben trascender las diferencias ideológicas y definir políticas externas que permitan garantizar los derechos de nuestros connacionales en Colombia, Chile, Bolivia y todo el hemisferio”, agregó.

Finalmente, la legisladora indicó que, desde el legítimo Parlamento, que cuenta con el reconocimiento de la mayoría de los países democráticos, “debemos consolidar las relaciones interinstitucionales. Es desde acá, a través de la diplomacia parlamentaria, donde podemos tener incidencia para que se legisle a favor de nuestros migrantes”.