Fracción Parlamentaria de Voluntad Popular rechaza la reciente sentencia del caso CONOCO PHILLIPS
COMUNICADO
La Fracción Parlamentaria de Voluntad Popular rechaza la reciente sentencia del caso CONOCO PHILLIPS (Case 1:19-cv-00683-CJN), la cual condena a la Republica al pago del monto aproximado de 8.700 millones de dólares americanos.
Dicha sentencia es el resultado de la nefasta política expropiatoria llevada a cabo por Hugo Chávez contra distintas empresas en la primera década del siglo, incluyendo petroleras como CONOCO en Venezuela.
Esto llevó a la República a enfrentar demandas ante distintas instancias internacionales, que fueron respondidas de forma inadecuada e imprudente por parte de la dictadura de Chávez y Maduro.
Esta fracción ha alertado sobre los riesgos que corre la República desde el primer momento.
El Gobierno Interino ha enfrentado con responsabilidad y en resguardo del interés nacional, las deudas y acreencias que la dictadura generó al país y ha adoptado medidas para garantizar la defensa judicial de los venezolanos en este caso, pese a que para el año 2019 ya se encontraba en un estado muy avanzado.
En este sentido, reconocemos la labor de la Procuraduría Especial, en la defensa los bienes del Estado aún en las peores circunstancias. Gracias a las acciones de la Asamblea Nacional, la Presidencia Encargada y la Procuraduría Especial, se ha podido proteger activos como CITGO.
Igualmente, reconocemos la importancia de la protección otorgada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. Las sanciones que pesan sobre la PDVSA administrada por Nicolás Maduro, tienen como efecto la protección de los activos de la empresa. Si las sanciones fuesen levantadas, un número de acreencias sobre la Republica y PDVSA podrían afectar CITGO de manera inmediata.
Sin embargo, las sanciones no invalidan las actuaciones jurídicas producidas en arbitrajes y juicios contra la República, sino que postergan su ejecución, por esta razón la existencia de sanciones no puede entenderse como una excusa para el descuido de la defensa judicial de la República y sus entes..
Por lo anterior, desde nuestra fracción parlamentaria respaldamos con nuestro voto favorable y reiteramos la importancia de apoyar el trabajo de la Procuraduría Especial y urgimos en la necesidad de convocar una sesión de la Asamblea Nacional, lo más pronto posible, para aprobar los recursos necesarios que permitan sufragar las deudas con las firmas internacionales de abogados que representan a Venezuela.