Por Rafael Veloz García/@Rafaelvelozg.*
En los días recientes, el Programa de Organización Ciudadana (POC) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI) han ratificado dos acuerdos que no admiten dilaciones si aspiramos a una transición auténtica en Venezuela. Nos referimos a la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos y la anulación del Decreto N° 5.200, mediante el cual se declaró un Estado de Conmoción Exterior que, lejos de proteger a la Nación, ha servido para perseguir, amordazar y controlar a la sociedad.
I. Libertad para los presos políticos: la justicia como causa universal
Días atrás me reuní con el jurista español Gonzalo González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), entidad que agrupa a todos los Colegios de Abogados del Reino de España. El jurista escuchó con suma atención un informe sobre la situación de la justicia venezolana y de la calamidad del ejercicio profesional, de manera particular, sobre los abogados presos. Al día de hoy son 27 profesionales del Derecho encarcelados por cumplir su deber.
Mientras avanzaba la redacción de estas líneas, recibí una noticia largamente esperada: la liberación del abogado Rafael Tudares, quien había permanecido más de un año en las mazmorras del régimen, privado de libertad por el solo hecho de ser yerno de Edmundo González Urrutia, el ganador de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, al derrotar por amplio margen a Nicolás Maduro, hoy procesado por la justicia de los Estados Unidos por conspiración, terrorismo, narcotráfico y posesión de dispositivos destructivos, en su condición de cabecilla del llamado Cartel de los Soles.
El encuentro con Gonzalo González permitió, además, reforzar la articulación con el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, del que forman parte España, Italia y Francia. El caso venezolano será presentado en la Asamblea Anual de febrero en Viena, ampliando así el respaldo europeo a la libertad de los presos políticos y al restablecimiento de las instituciones venezolanas. América y Europa comienzan a hablar con una sola voz.
En nombre de la abogacía organizada venezolana, hemos realizado una gira por distintos países del continente americano y de Europa para denunciar estos atropellos y sumar voluntades. No descansaremos hasta que todos sean liberados: Henry Alviarez, Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha, Eduardo Torres, Naomi Arnaudez, entre muchos otros. Los abogados del mundo nos respaldan, porque defender no es delito.
La reunión también permitió revisar modelos aplicables a la transición, como la justicia gratuita, experiencia en la que España tiene una larga trayectoria y que resulta clave para garantizar el acceso a la justicia en el inicio del proceso de reconstrucción institucional.
II. Anulación del Decreto 5.200: un instrumento de control social
El segundo acuerdo es igualmente impostergable: la anulación del Decreto N° 5.200, que declaró el Estado de Conmoción Exterior. Este instrumento ha sido utilizado para justificar la persecución sistemática de líderes políticos y sociales, facultando al poder a restringir el tránsito, limitar reuniones y manifestaciones públicas y ordenar búsquedas y capturas bajo acusaciones vagas relacionadas con los hechos del 3 de enero.
El decreto, lejos de cumplir estándares constitucionales y de derechos humanos, suspende garantías fundamentales, militariza la vida civil, introduce ambigüedad penal que criminaliza la disidencia y concentra poderes extraordinarios en el Ejecutivo. En la práctica, ha servido como mecanismo de control social, profundizando el miedo y la autocensura.
A pesar de ello, la sociedad civil resiste. Es justo resaltar las jornadas de protesta de los familiares de los presos políticos en Zona 7 de la PNB (Boleíta), El Helicoide y El Rodeo I, acompañadas noche tras noche por los valientes estudiantes de la UCV.
Movimiento UCV, consolidado como una de las organizaciones estudiantiles de mayor relevancia a nivel universitario, ha asumido un rol protagónico en el acompañamiento humanitario a las familias de los detenidos en el Área Metropolitana de Caracas. Su labor ha sido fundamental en centros como El Rodeo, Zona 7 y El Helicoide, donde no solo han brindado apoyo logístico, sino que han mantenido una presencia constante en las vigilias, ofreciendo contención en momentos de incertidumbre.
Recientemente, Movimiento UCV, demostró su capacidad de respuesta ante la crisis al hacer frente y denunciar los actos represivos ocurridos en el centro de detención preventiva de Boleíta (Zona 7), reafirmando su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de quienes enfrentan la injusticia.
Un compromiso irrenunciable.
Estos dos acuerdos del POC y el FAPI no son consignas: son condiciones mínimas para abrir la puerta de la transición. Sin libertad para los presos políticos no hay reconciliación posible; con estados de excepción permanentes no hay ciudadanía ni República.
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Rafael Veloz García.
Expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); abogado constitucionalista; diputado de la Asamblea Nacional 2015.
