Con esta ley contra el Arco Minero rescatamos la soberanía que vendió el régimen de Maduro

 

El único poder legítimo con sede en Venezuela ha dado un paso histórico para comenzar a devolverle la soberanía al país, así como para enrumbarlo hacia un camino de desarrollo sustentable al avanzar hacia el desmontaje del Estado rentista mediante la aprobación de forma unánime de la Asamblea Nacional de la Ley orgánica de la megareserva de agua dulce y biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía (Lomadbsoa).

 

Y es que ya se convirtió en ley de la República la derogación del criminal Arco Minero auspiciado por el régimen de Nicolás Maduro que destruye los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro a través de ese socialismo depredador que aniquila la flora y la fauna del sur de Venezuela, además de estimular la proliferación de mafias y distintos grupos delictivos que se disputan el negocio del oro y demás minerales preciosos.

 

El artículo 19 del nuevo instrumento legal que aprobamos los diputados señala textualmente que “se deroga el decreto número 2.248 con fecha 24 de febrero de 2016, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, publicado en  Gaceta Oficial de la República Número 40.855 que establece la denominada ‘Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco', con una extensión de 111.846,70 kilómetros cuadrados”.

 

Igualmente, en el referido artículo se da un golpe maestro en contra de la usurpación de nuestra soberanía que avala el régimen vendepatria de Maduro, al quedar sin efecto todas las concesiones mineras o de cualquier tipo, “otorgadas por el Ejecutivo Nacional, así como las cartas de intenciones o acuerdos financieros contraídos, en ejecución del llamado Arco Minero, desde el 24 de febrero de 2016 o cualquier otra”, que no cumplan con los requisitos establecidos en nuestra constitución, siendo uno de ellos la expresa autorización de la AN para este tipo de negociaciones. Esto implica que las empresas rusas, canadienses, chinas, iraníes, indias, además de las propias venezolanas que se prestaron para cometer el mayor ecocidio en la historia de la humanidad, tienen en la picota todo lo que allí invirtieron, pues el gobierno que sucederá a esta desgracia chavista no convalidará nada de lo convenido al margen de nuestra carta magna.

 

También es importante destacar que esta nueva ley derogó, en su artículo 20, el decreto 3.110 firmado por el hoy difunto presidente Hugo Chávez que autorizó la minería a mansalva en la Reserva Forestal de Imataca; mientras que el artículo 21 dejó sin efecto el decreto 2.231 mediante el cual Maduro creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas (Camimpeg), que convirtió a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en agentes negociantes del oro y de otros minerales valiosos.

 

Es importante que el país conozca que aprobar esta Ley orgánica de la megareserva de agua dulce y biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, fue posible gracias a la celeridad parlamentaria que motorizó el presidente de la AN, diputado Omar Barboza, así como por el apoyo de la Comisión Tripartita que conforman los diputados Américo De Grazia y Julio César Reyes; la Comisión de Ambiente que integran los diputados Luis Parra y María Hernández; la Comisión de Pueblos Indígenas con el diputado Romel Guzamana; del Parlamento Amazónico que me honro en presidir, junto a Franco Cassela, José Hernández, Larissa González así como por el indispensable e invaluable aporte del doctor en derecho ambiental y político además de exsenador, Alexander Luzardo Nava, autor de la misma, así como de las normas ambientales contenidas en la constitución nacional.

 

Finalmente, debo decir que los diputados seguimos cumpliendo con esos 14 millones de venezolanos que nos eligieron, no obstante, con todos los poderes secuestrados por el régimen de Maduro, se nos hace materialmente imposible obligar a los miembros de esa cleptocracia a acatar lo dispuesto en este nuevo ordenamiento legal que es un muro de contención, sin embargo no podemos dejar de cumplir con la misión que nos establece la constitución, y en función a ello trabajamos para que más temprano que tarde salgamos de este “legado” de muerte y corrupción “socialistas”, y comenzar la reconstrucción de nuestra nación.