Asalto a la Asamblea Nacional

 

 

Los diputados forman parte del poder más representativo de una Democracia. Deben legislar en nombre del pueblo y controlar a las otras ramas del poder público. Los artículos 200 y 201 de la Constitución vigente establecen que los parlamentarios solo se deben a su conciencia y por lo tanto no tienen responsabilidad por sus votos y opiniones, ya que se les otorga inmunidad para que puedan cumplir cabalmente con la representación popular de la que están investidos.

 

Ningún otro poder puede limitar o restringir la actuación de un diputado, con la excepción de los delitos graves y flagrantes, en cuyo caso la plenaria de la Asamblea Nacional puede levantar por mayoría calificada la inmunidad o fuero parlamentario para proceder al enjuiciamiento.

 

Una de las características del Estado delincuente es tratar de mantenerse en el poder como sea y persiguiendo brutalmente a quien se le opone.

 

Es así como destituyeron al diputado Richard Mardo y al diputado barinés Wilmer Azuaje, quien por cierto está preso en la penitenciaria general de San Juan de los Morros, y más recientemente a Gilber Caro que, sin derecho a defensa alguna, es mantenido incomunicado en un calabozo y sometido indebidamente a un juicio militar.

 

Toda esta represión brutal se ejecuta dentro de la política del régimen de Maduro de desconocer al parlamento, y por lo tanto a la mayoría del pueblo, y mantenerlo sometido a la hostilidad de una especie de terrorismo de Estado cuyo objetivo es impedir su funcionamiento, desconociéndolo a través de un supuesto desacato declarado así por el espurio TSJ de manera absolutamente inconstitucional.

 

Desde su instalación, las agresiones del régimen contra el parlamento han sido continuas.

 

Entre ellas debemos recordar: El asalto armado al palacio legislativo por parte de paramilitares que contó con la complicidad de los miembros de la GNB encargados de la seguridad de la AN. Las heridas a varios parlamentarios, el irrespeto y agresión física del coronel Lugo de la GNB al presidente del parlamento Julio Borges. El hostigamiento a los diputados imponiéndoles restricciones para viajar dentro del país por vía terrestre y aérea y también hacia el exterior, con la retención arbitraria e ilegal de sus pasaportes. La utilización del poder judicial para bloquear las investigaciones sobre corrupción como el caso de la demanda del General Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación, contra los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia.

 

Otro atentado contra la AN es la suspensión de los sueldos y dietas a los diputados, que no cobran su salario desde hace más de un año, lo cual limita severamente una labor que exige dedicación exclusiva, aún más grave en el caso de los parlamentarios del interior del país.

 

En su afán por perseguir a la disidencia, cualquiera que esta sea, el régimen no tiene límites. El caso del diputado del PSUV, German Ferrer, esposo de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, batió récords: En un solo día la asamblea constituyente fraudulenta le quitó la inmunidad parlamentaria, lo destituyó y hasta ordenó su captura por Interpol.

 

En las últimas horas, en un procedimiento propio de la dictadura de Maduro, se comenzó a ejecutar parte de sus amenazas para terminar de liquidar al parlamento nacional, con el decisión ilegal de la falsa asamblea constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la AN - actualmente en la embajada de Chile, país cuyo gobierno lo considera huésped para protegerlo de la persecución del régimen - a quien pretenden silenciar por sus denuncias contra la corrupción y su actividad en el campo internacional por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. 

 

Se trata de un nuevo ataque al partido Voluntad Popular al que pretenden ilegalizar. La lista de otros parlamentarios a los que también amenazan con llevar a la cárcel la encabeza el presidente de la AN, Julio Borges.

 

El objetivo principal de esta nueva ola de represión es neutralizar las protestas por el descontento creciente de una población que no tiene alimentos ni medicinas y es víctima de la hiperinflación y la inseguridad desbordada.

 

Ahora más que nunca es momento de organización, resistencia y unidad. Los dirigentes políticos de todos los partidos, junto a la sociedad civil, debemos hacer un esfuerzo para enfrentar tanta injusticia y, con la fuerza de todos, lograr el cambio político urgente que reclama la nación.