Voluntad Popular lamenta el fallecimiento de joven detenido en Uribana e insiste en la necesidad de que Venezuela reciba ayuda humanitaria

 

 

 

Caracas, 07.02.18).- La responsable del Comité de Presos Políticos de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, lamentó el fallecimiento del joven Virgilio Jiménez Urbina, de apenas 20 años de edad, quien estaba preso en la cárcel de Uribana, en Barquisimeto, estado Lara, por protestar contra el régimen Nicolás Maduro.

 

“Este hecho evidencia las condiciones infrahumanas en la que se encuentran todos los centros de reclusión del país. Dentro de las cárceles existen enfermedades epidemiológicas que habían sido erradicadas desde hace muchos años, y a esto se suma la calidad de los alimentos que se les da a los jóvenes que se encuentran en estos sitios. En este caso, el joven Virgilio Jiménez Urbina sufría de Paludismo y recibía comida podrida, con gusanos, patas de cucaracha y en muy mal estado”, denunció Pichardo. 

 

La también parlamentaria miembro de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), responsabilizó a la ministra de Servicios Penitenciarios del régimen, Iris Varela, de las muertes que se registran en cada una de las cárceles del país. Asimismo, recordó el caso de su homólogo parlamentario a la AN y dirigente de la tolda naranja, Gilber Caro, quien fue sometido a aislamientos, torturas, hacinamiento, y tratos crueles e inhumanos mientras estuvo secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro.

 

“Este régimen no protege ni garantiza los derechos de los ciudadanos, han incumplido todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y servicios penitenciarios. Esta situación es reiterada en todos los penales del país, hay hacinamiento en todas las sedes de reclusión en Venezuela. Esta situación debe acabar y debemos garantizar la atención necesaria a los ciudadanos y a los presos del país a través de la ayuda humanitaria que tanto necesita nuestro pueblo”. 

 

En nombre de Voluntad Popular, Pichardo insistió en la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela para atender la grave escasez de alimentos, medicamentos e insumos que viven los venezolanos dentro y fuera de las cárceles del país.

 

Por su parte, Yorger Maita, coordinador político nacional del Movimiento Redes Penitenciarias de VP, precisó que en la cárcel de Uribana han muerto 8 privados de libertad en lo que va de año 2019. Asimismo, sostuvo que la muerte de Virgilio Jiménez Urbina es un caso de los más de 1.100 presos políticos que existen actualmente en el país y afirmó que el joven difunto nunca tuvo una audiencia preliminar. 

 

“Desde que Iris Valera usurpa el ministerio de Servicios Penitenciarios se han intensificado la crisis: el hacinamiento de 251% es uno de los principales inconvenientes, existen alrededor de 200 privados de libertad con enfermedades crónicas y peligro de muerte, los reclusos se enferman porque todos sus derechos humanos son violados, no tienen acceso a servicios públicos, ni alimentación, ni atención médico sanitaria, les quitan el derecho a la visita y esto es una réplica de lo que sucede cotidianamente en todos los centros penitenciarios de Venezuela y los centros de reclusión preventiva”. 

 

Maita instó a la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a que se pronuncie ante la terrible situación que viven los venezolanos actualmente y señaló que la emergencia humanitaria golpea de manera brutal a los privados de libertad y sus familiares, quienes también son víctimas de las irregularidades del sistema judicial venezolano. Además, informó sobre 46 nuevas detenciones arbitrarias de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN). 

 

“La situación de los oficiales de la FAN es cada vez más grave, un total de 209 militares son expuestos a tratos crueles, torturas, aislamientos y la mayoría de sus familiares poseen poca información porque se encuentran suspendidas las visitas. Estos funcionarios, según fuentes internas, reciben presión, hostigamiento, amenazas por parte de superiores cercanos a Maduro. Desde el Movimiento Redes Penitenciarias de VP nos enfocamos en defender los derechos humanos de los 67.318 privados de libertad en Venezuela. Seguiremos luchando hasta reformar todo el sistema para que no vivamos más una tragedia humanitaria gracias a la inexperiencia y la corrupción del régimen de Maduro”.